El Gobierno nacional de Argentina ha aprobado recientemente dos nuevos proyectos de inversión que representan un impulso significativo para la explotación de Vaca Muerta, uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo. Estas iniciativas, que involucrarán una inversión superior a los u$s3.200 millones, están centradas en el procesamiento, transporte y exportación de líquidos de gas natural (NGL) y han sido incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según informó el Ministerio de Economía.
Proyectos de gran envergadura
Los proyectos, impulsados por Transportadora de Gas del Sur (TGS), tienen como objetivo conectar la producción de gas natural de la Cuenca Neuquina con la infraestructura de procesamiento y exportación ubicada en la provincia de Buenos Aires. El primero de estos proyectos, denominado Proyecto de Procesamiento y aprobado mediante la Resolución 1977/2026, está a cargo de Procesadora de Gas del Sur S.A. (PGS). Este contempla una inversión de u$s1.394,7 millones para construir un sistema de gasoductos y ampliar la capacidad de separación de líquidos de gas natural en Tratayén, Neuquén.
La segunda iniciativa, autorizada a través de la Resolución 1976/2026, está a cargo de Midstream de Gas del Sur S.A. (MGS) y busca con una inversión de u$s1.849,6 millones desarrollar la infraestructura para trasladar los líquidos desde Neuquén hasta Bahía Blanca. Este proyecto incluirá un poliducto de 577 kilómetros, una planta de fraccionamiento, instalaciones de almacenamiento y conexiones con el Puerto de Bahía Blanca.
Impacto económico y laboral
Ambos proyectos no solo contribuirán al aumento de la capacidad de producción de hidrocarburos de Vaca Muerta, sino que también están proyectados para generar 19.000 puestos de trabajo durante su fase de construcción. Además, una vez operativos en 2030, se espera que las iniciativas generen exportaciones adicionales por un valor de u$s1.100 millones anuales.
El Ministerio de Economía ha establecido que las empresas responsables deberán cumplir con ciertos umbrales mínimos de inversión y destinar al menos el 20% de la inversión a la contratación de proveedores locales. Estas medidas buscan no solo maximizar el impacto económico local de los proyectos, sino también fortalecer la infraestructura necesaria para la exportación de recursos energéticos.
Fiscalización y control
La Secretaría de Energía será la encargada de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas bajo el RIGI. Las resoluciones indican, además, que las empresas deberán acreditar el cumplimiento de los umbrales de inversión durante los primeros dos años desde la notificación de las aprobaciones.
Con estos proyectos, Argentina no solo busca potenciar su capacidad energética y exportadora, sino también asegurar un desarrollo sostenible y eficiente de sus recursos naturales, en línea con las políticas de incentivo a las grandes inversiones energéticas.
